juridicas

Leo en Banda Ancha, que se ha excluido de responsabilidad a los bloggers por los comentarios de terceras personas publicados en los sistemas de comentarios, o a los administradores de foros, impidiendo que se trate a los responsables, autores, de un blog como a los directores de un medio de comunicación.

La sentencia (pdf) de la Corte de Apelación para el Circuito Primero , disponible publicamente en unos pocos días cuando no en el mismo (nada que ver con la web del Tribunal Supremo español por ejemplo) es interesante porque pone de manifiesto la normativa americana en la materia.

Universal Communications, denuniciarón a unos usuarios de un foro (Raging Bull) por publicar unos comentarios que entendía difamatorios. Pero a la vez denunciaron a la empresa que proporcionaba el soporte tecnológico a esos foros, Lycos y Terra Networks.

Lycos proporcionaba un servicio en el que un usuario podía poner información sobre sociedades cotizadas (Quote.com) y otra página, enlazada a la primera, en la que se ponían comentarios sobre la empresa y la cotización con información de interés para los inversores. Ambas web tenían publicidad, cuyos beneficios eran para Lycos. Para poder comentar los usuarios debían registrarse y así vincular el comentario al usuario concreto.

En la sección 230 de la Comunications Decency Act (CDA), el Congreso de los Estados Unidos ha garantizado la inmunidad a las entidades, como Lycos, que facilitan la expresión de terceros en Internet. Entendiendo que la actividad de Lycos queda plenamente protegida por esa previsión del Congreso.

Como sabemos en España sucede el caso contrario, por la aplicación directa que hacen los jueces del artículo 30 del Código Penal, que impone la responsabilidad en cascada equiparando los blogs y páginas web a los medios de comunicación.

Sin duda que la anunciada reforma de la LSSICE o aprovechando la LISI se introduzca una reforma en este sentido que diga claramente que lo que se dice en la CDA americana, que los proveedores de un servicio que facilite la expresión no serán responsables de los contenidos o comentarios realizados por terceros.

La tan denostada pirateria contribuyó a recuperar una de las películas de los Hermanos Marx, “Animal Cracker’s” (es España, no me pregunten porqué, “El conflicto de los Hermanos Marx“).

“Animal Crackers” fué rodada en 1930, sobre una obra de vodevil interpretada en los años 20 por los Hermanos Marx.

En los años sesenta y setenta se vivió la recuperación de la figura de los geniales cómicos, de manera que existía cierta demanda de su material. Así algunas de sus películas llegaron a reestrenarse con notable éxito, o bien a emitirse por televisión. Sin embargo una de las obras permanecía ilocalizable para el gran público, guardando polvo en un cajón de la Universal Pictures, propietario del catálogo Paramount anterior a 1948.

No podía hacerse nada comercialmente con la película por un problema con los derechos de autor sobre la letra de la música de los números que se interpretaban, 44 años despues de su estreno.

La película languidecía en el olvido de los estudios, mientras en Anaheim (California) se proyectaba una copia pirata de la misma. La copia era espantosa, el sonido horrible y las figurabas borrosas (vamos, como uno de los “screeners” actuales), sin embargo el cine registraba una notable entrada en cada pase.

Se organizó una recogida de firmas para pedir al estudio el reestreno, e incluso Groucho Marx, ya octogenario, solicitó a los responsables que hicieran lo posible por reeditar la película. Pero el estudio no tenía claro el éxito de la obra y dudó en tramitar las negociaciones con los herederos del autor de las letras. Finalmente se estrenó en Los Angeles, dando las filas para verla la vuelta a la manzana durante un par de meses.

Finalmente se estrenó en todo el país y en la premiere en Nueva York, el 23 de junio de 1974, al que acudió el propio Groucho, se organizó un formidable tumulto de personas deseosas de contemplar la película y al genial creador.

Esta “anecdota” me permite invitarles a reflexionar sobre el sentido de todo esto que debatimos sobre la propiedad intelectual, y hasta que punto esta se sitúa incluso por encima de la obra. Y también sobre como los herederos de un autor pueden bloquear la función propia de la obra de su autor, a pesar de no tener ningún mérito, más allá de haber nacido, que les haga merecedores de tal potestad.

Y como los ciudadanos, en este y en otros casos, se ven obligados y recurren a la mal llamada piratería con la única finalidad, no de dañar, sino de honrar a los autores contra los absurdos de los “comerciantes”. Si al final va a resultar que compartir es bueno, hasta para los autores…

Otra sentencia más demuestra que la norma existe, está para cumplirse y que los derechos hay que ejercitarlos.

Javier de la Cueva espera, en la noticia, que el legislador tome medidas para corregir la situación y se mejore notablemente la gestión del canon.

Ahora bien, consciente como soy de que en este juego se mueven muchos millones de euros, influencias, etc., no creo que le vayan a hacer caso en todos sus planteamientos.

Sin embargo creo positivo aportar una alternativa que puede mitigar el impacto de la remuneración compensatoria y acercarla a un cobro más “justo”. Es decir, que se remunere cuando haya efectivamente una reproducción de una obra protegida o no, pero se quiera donar ese dinero a los “autotores”.

Para ello bastaría una reforma legal mínima, en el sentido de reconocer expresamente el caracter de presunción “iuris tantum”, que ya los jueces aplican, y habilitar a los Registros de Propiedad Intelectual para que procedan a la verificación de que los soportes presentados por los particulares, (las personas jurídicas no pueden realizar copias privadas y por tanto no pagan canon), y una vez hecho esto emitan una certificación y orden de pago por el importe total del canon desembolsado por el consumidor en el caso de que tales soportes no contengan obras protegidas.

Pedir que el canon lo gestionen los Registros de la Propiedad Intelectual lo asumo como ciencia ficción (no creo que las entidades de gestión renunciasen a ese pastel), pero sería una buena medida también.

Es una vía que podría estudiarse y al menos evitaría el tener que ir al juzgado a reclamar lo que realmente nos corresponde.

El título de uno de los últimos artículos de Pedro Canut, que además ha generado cierto debate, me ha hecho reflexionar sobre un derecho poco conocido en su articulación legal, aunque muy utilizado de “oficio”.

Me refiero a la posibilidad de reconocer el derecho de rectificación y réplica a los blogs.

Como digo es bastante desconocida una Ley Orgánica, ni más ni menos, que se encarga de regular su contenido, la LO 2/1984, promulgada por ejemplo 8 años antes que la LORTAD.

Obviamente no se podía pedir al legislador español que pensase en blogs o cuestiones similares en el año 1984, por lo que cabe preguntarse cómo queda el contenido de tal derecho en la situación actual en la que cualquiera puede expresar su opinión o una información con un amplio alcance potencial.

La LO 2/1984, que apenas tiene 8 artículos, desarrolla el artículo 20.4 de la Constitución, sobre los límites a la libertad de expresión e información.

Así se reconoce, art. 1, el derecho de toda persona “a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio.“

Precisamente, en mi opinión, el conflicto puede plantearse por la limitación del derecho a la información difundida en medios de comunicación social y si podemos considerar a los blogs como tales.

Al hablar de medios de comunicación social el legislador de 1978 pensaba en los tradicionales como la televisión, la radio, la prensa, etc. Incluso se ha admitido al cine como medio de comunicación social y como elemento cultural en una sentencia que dirimía las competencias sobre cine entre la Generalitat y el Estado, STC 1984/49, y que proyecta una interpretación amplia del concepto de medio de comunicación social, desde una perspectiva sociológica.

Cierto es que se discute frecuentemente sobre si los blogs son o no (pdf) medios de comunicación, pero hay que poner en este punto el acento en la palabra social, con un contenido más amplio o de conjunto. Desde esa perspectiva “amplia” si que pueden categorizarse a los blogs como un nuevo medio de comunicación social, aunque se mantenga que los blogs que no realizan una actividad económica no son medios de comunicación en los términos legales de aplicación de por ejemplo la Ley de Prensa o de la LOPD.

Además esta interpretación amplia del propio concepto de medio de comunicación social es consecuente para asegurar el ejercicio del derecho que se reconoce mediante la LO 2/1984, y es que las interpretaciones restrictivas de los derechos son algo que contraria el espíritu de las normas, de tal modo que negar la eficacia de este derecho de rectificación por que las informaciones aparecidas lo sean en un soporte u otro resultaría absurdo.

Pero hay que dejar clara una cuestión muy trascendente, como es que sólo son objeto de rectificación las informaciones, no las opiniones. La rectificación es de hechos, no de valoraciones u opiniones personales. Y es que el Tribunal Constitucional ha distinguido entre el derecho a expresar ideas y opiniones (art. 20.1.a CE) y el derecho a difundir y recibir información veraz (art. 20.1.d CE), que es un derecho con doble vertiente, tanto para el comunicador de la información como para el receptor.

Así el límite al derecho de rectificación lo constituye la veracidad de la información proporcionada.

El ejercicio del derecho, según el artículo 2 de la LO 2/1984, debe hacerse mediante un escrito al director del medio, esto puede sustituirse por un mail al reponsable del sitio web, dentro de los siete días naturales siguientes al de publicación o difusión de la información que se desea rectificar, de forma tal que permita tener constancias de su fecha y de su recepción.

Aquí el problema sería la acreditación tanto del envío como de su recepción, pero estando los comentarios a los artículos generalmente habilitados también podría utilizarse esta vía para el ejercicio de este derecho.

La LO 2/1984 impone que la rectificación se ciña a los hechos que han de ser rectificados, respetando, si fuera posible, la extensión del artículo original.

La rectificación se publicará en los tres días siguientes, en un espacio de igual relevancia al del artículo original, sin comentarios ni apostilas.

Si esta rectificación no se produce, se hace mal, no hay respuesta del responsable o este manifiesta su disconformidad, el interesado podrá interponer un juicio verbal ante el juzgado de 1ª Instancia de su localidad en el plazo de 7 días, sin que sea necesario abogado o procurador.

El ejercicio de este derecho no cierra la vía para reclamaciones civiles o penales por daños a la imagen o al honor.

Así que si un blogger difunde una información errónea podrán solicitar que la rectifique.

Las noticias sin fuentes generalmente son sensacionalistas.

Leo con sorpresa que: “El Parlamento Europeo vota hoy nuevas leyes de copyright” en Menéame, que a su vez remite a una noticia en “The Register“. Además el subtítulo de este sitio es aterrador: “¿Irán los ‘descargadores’ a la cárcel?”

Y en el cuerpo de la noticia se puede leer:

“La votación de hoy determinará si una persona que descargue una sola canción sin autorización puede ser enviada a prisión.”

Rapidamente los usuarios se alarman y claman contra la criminalización de la gran mayoría de la sociedad, etc, etc. todos lo hemos visto muchas veces.

Sin embargo, es imposible localizar una sola fuente de la noticia, un enlace a un documento, o cualquiera otra referencia para conocer que leyes va a votar el parlamento europeo sobre propiedad intelectual.

El titular, en mi opinión es sensacionalista y desinformador, ya que si bien en el cuerpo de la noticia se especifica que quien vota es la comisión jurídica (Legal Affairs), que aunque forma parte del Parlamento Europeo no es “el Parlamento Europeo“.

Por su parte, el contenido no puede ser más incorrecto.

Por el principio. Las fuentes de la noticia. No costaba mucho trabajo buscarlas, pues si algo caracteriza a las instituciones comunitarias es la publicidad (excepción que confirma la regla de la Directiva sobre los líquidos en aviones). Así tenemos el calendario de sesiones (pdf) y efectivamente la Comisión de Asuntos Jurídicos se ha reunido dos días tratando temas de propiedad intelectual.

Y del contenido de lo expuesto, que se puede consultar en el sitio de la comisión libremente, se desprende que se trata de una votación de enmiendas a un proyecto de Directiva relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual (2005/0127 (COD), que es realmente lo que se está votando, enmiendas a una propuesta de Directiva.

Pero además, parece que existe un común acuerdo por parte de todos los intervinientes en que las medidas propuestas se circunscriben a hechos en los que se manifieste un interés comercial, para muestra un ejemplo del punto 2º del texto del ponente (pdf):

“En la propuesta de Directiva se indicaba que los Estados miembros velarían por calificar de infracción penal toda infracción intencional de un derecho de propiedad intelectual cometida a una escala comercial,“

El concepto comercial presente en la legislación europea sobre la materia y que poco tiene que ver con las interpretaciones del ánimo de lucro que se hacen en España.

Por todo ello considero que la noticia pretende crear un malestar no justificado, y que en nada modifica la situación actual de nuestro Código Penal; al menos no hará, en su estado actual, que alguien vaya a la cárcel por descargarse una canción en España tal y como reza la noticia.

Las fuentes de las enmiendas debatidas se pueden ver aquí, aquí y aquí (todas en pdf)

Hace un tiempo se debatió en la lista de CC-es acerca de la posibilidad de que una obra, por la voluntad de su autor, pueda entrar en el dominio público antes del transcurso del tiempo previsto en la ley.

Recordar que los derechos del autor, como regla general, terminan 70 años despues de la muerte del autor, tras esa fecha entran en Dominio Público, de tal manera que cualquiera puede hacer obras derivadas, reediciones, modificaciones, etc. con esa obra, respetando la autoría y la integridad.

Junto con otras personas en la lista defendí que no era posible el Dominio Público anticipado dado que la LPI reserva con caracter de irrenunciable e inalienable el derecho del autor a decidir sobre la retirada de la obra del comercio por cambios en sus convicciones morales e intelectuales. Así lo entendió la mayoría y no supimos encontrar un argumento jurídico que fundamentase lo contrario.

Sin embargo, aprovechando los trabajos preparatorios para la versión 3.0 de las licencias podría plantearse la validez de una licencia “Dominio Público” en España acorde a la legislación vigente.

La base para defender esto se encuentra en la norma básica de nuestro ordenamiento, mucho más en mi opinión que la Constitución, el Código Civil.

El artículo 6.2 del Código Civil establece que:

“La exclusión voluntaria de la Ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.“

Otro artículo importante para resolver la cuestión es el 3.1:

“Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.“

Así, en primer lugar el Código Civil nos habilita para que renunciemos a los derechos que la norma nos reconoce cuando no contrarien el orden público ni perjudiquen a terceros.

Está claro que renunciar a los derechos patrimoniales de autor no puede contrariar el orden público, al contrario, podría beneficiarlo al aumentar el “patrimonio” común. Tampoco se alteraría el orden público si el autor renuncia al derecho a retirar la obra del comercio, por contra aumentaría la seguridad al saber que tal cosa no sucedería.

El derecho a la retirada de la obra del comercio es un punto importante que el autor debería valorar al optar por una licencia de Dominio Público. El problema está en que se basa en un cambio en las convicciones morales del autor, convicciones que en un primer momento le llevaron a poner la obra en dominio público pero también a retirarla posteriormente.

Para resolver esta aparente paradoja hay que tener en cuenta las circunstancias de las obras que generalmente son “susceptibles” de ser puestas en el Dominio Público, dadas las ideas de su autor, cercanas a la difusión de la cultura sin límites y similares, sin que pueda establecerse que sobre las mismas exista ese “comercio” del que habla el artículo 14 de la LPI, por lo tanto podría defenderese también la renuncia a este derecho irrenunciable en virtud del artículo 6.2 del Código Civil y del contexto social actual, muy alejado de aquel que motivó el nacimiento de este derecho.

También se podría plantear que los herederos del autor, son terceros perjudicados, por sus derechos durante los 70 años de protección tras la muerte del autor. ¿Pero debe ser eso base para negar el derecho reconocido en el artículo 6.2? En mi opinión no, si tenemos en cuenta que la propiedad se encuentra sometida, y limitada, al cumplimiento de una función social, que en este caso se cumpliría con la integración de la obra en el acervo cultural común por la expresa voluntad de su creador.

El artículo 3.1 ayuda en el sentido de las nuevas realidades que estamos viviendo en materia de difusión y creación de conocimientos.

La justificación histórcia de la irrenunciabilidad de determinados derechos de autor era evitar que los empresarios se adueñasen de todos los derechos de los creadores a cambio de un pago inicial y que estos se quedasen sin medios para subsistir en épocas de “sequía” creativa.

Sin duda una medida proteccionista justificada por los abusos cometidos por la industria, pero que provoca que los autores que desean entregar sus obras al Dominio Público no puedan, lo que también resulta injusto, y más en este nuevo contexto social lleno de movimientos que cuestionan las bases de la propiedad intelectual tradicional y donde los derechos de explotación no tienen la trascendencia de antaño.

Por todo ello creo que sería posible tener licencias CC (u otras) válidas en España que contemplen la posibilidad de poner las obras en el Dominio Público anticipado bajo la voluntad de su autor en ejercicio del contenido del artículo 6.2.

Y tú, ¿qué opinas?

Así se titula la original campaña de CEDRO para localizar a los autores de obras susceptibles de haber sido reproducidas entre los años 1990 y 2004, y poder abonarles las cantidades recaudadas por el canon y que no han sido repartidas a sus titulares por no ser miembros de tal entidad de gestión.

Si usted cumple los siguientes requisitos siguientes puede dirigirse a esta entidad de gestión y le abonarán la liquidación correspondiente. No es necesario ser socio de la misma.

Para poder percibir estos derechos económicos, usted debe ser autor (único o en colaboración) de libros impresos que cumplan estas condiciones:

Me parece una actitud correcta por parte de CEDRO que reconoce la existencia de autores que no están asociados a ella pero que publican obras. Hay que recordar que esta entidad recauda de cada fotocopiadora, impresora, etc.

Lo curioso es que otras entidades de gestión no reconozcan el mismo derecho a artistas no asociados a ella, pagando las cantidades que coresponden a todos los autores a sólo aquellos que sean sus socios, y por lo que se comenta incluso ni eso.

Y si no se presentan autores, ¿para quién irá?

La sentencia 149/2007, de 9 de enero, de la Corte de Casación Italiana ha absuelto a dos usuarios turineses de un delito contra la propiedad intelectual.

Los usuarios habían sido condenados a penas de prisión, conmutadas por multas económicas, por la Corte Piamontesa de Apelaciones en sentencia de 29 de marzo de 2005.

Los jueces de los procedimientos anteriores habían ratificado la comisión de sendos delitos por la creación, manipulación y mantenimiento de un ftp situado en un ordenador de una asociación de estudiantes de la escuela politécnica de Turín, en el que vinieron realizándose transferencias directas de programas y de trabajos cinematográficos protegidos por la ley de derechos de autor.

La absolución viene por la diferente interpretación, o lectura, que realiza la Corte de Casación de los conceptos de “trarne profitto” (alcanzar un beneficio”) y de “fini di lucro” (“ánimo de lucro”) contenidas en los artículos 171 bis y ter de la famigerata n. 633/41 respectivamente (equivalente a nuestra LPI pero que contiene las sanciones penales). Estos estudiantes fueron condenados por ambos delitos.

Así para la Corte de Casación resuelve que el ánimo de lucro supone la persecución de una ventaja económicamente apreciable, mientras que el ánimo de beneficio incluye las meras ventajas morales.

“Lo scopo di lucro è rintracciabile laddove vi sia il perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; lo scopo di profitto include ogni mero vantaggio morale. In questo caso la messa a disposizione dei programmi mediante attività di download non configura alcun lucro (elemento richiesto dal 171 ter) poiché le attività sono state effettuate gratuitamente.”

Dado que la corte ha entendido que la conducta que encaja en el artículo 171 bis no se realizó por los imputados, a pesar de existir ese beneficio incluso moral, y que la conducta del 171 ter se realizó pero sin la concurrencia del ánimo de lucro exigido en el tipo penal, en la interpretación expuesta, decidió revocar las sentencias anteriores y absolver a los estudiantes, resolviendo que el relato fáctico no estaba previsto en la norma.

A veces el legislador no maneja adecuadamente los conceptos y provoca situaciones de este tipo, que los jueces deben resolver.

Las consecuencias de esta sentencia pueden suponer, si nuestro querido legislador se pone a ello, que la reforma del Código Penal que se anuncia también modifique el artículo 270 a los efectos de cambiar el “ánimo de lucro” por el de “alcanzar un beneficio” en cuyo caso entraríamos en aguas muy peligrosas.

Y sino, al tiempo…

Por si no se han dado cuenta aquí no se trata de llevar la razón por llevarla, sino de argumentar y en última instancia y en el mejor de los casos de aprender.

En el anterior artículo cometí un error que ahora explicaré:

La imagen de la derecha muestra la página de la Frikipedia en Firefox, tal y como aparece en mi ordenador. La otra imagen muestra la misma página pero con Mozilla 1.7.5, que no uso pero tengo por aquí.

Así pues no ví la publicidad que el miembro del Partido Pirata Aiarakoa bien decía, por lo tanto debo rectificar la primera parte del análisis del artículo anterior.

La Frikipedia, en mi opinión, si realiza una actividad económica, lo que hace que se pueda considerar un prestador de servicios de la sociedad de la información. Ahora bien mantengo que no es un prestador de servicios de alojamiento en los términos del artículo 16, por muchas vueltas dialécticas que le queramos dar.

Si observamos los artículos que se ocupan de la responsabilidad de los prestadores de servicios, artículos 15-16 y 17, la conducta de la Frikipedia en ningún caso es enmarcable en los mismos ya que no prestan servicios de copia temporal de datos (art. 15), ni un servicio de alojamiento de datos (art. 16), ni un servicio de enlace a contenidos de terceros (art. 17), o al menos la conducta denunciada no encaja en estos supuestos, por la LSSICE no es la norma que permite establecer la responsabilidad del sitio, más allá de la remisión genérica contenida en el artículo 13.

Pero si alguien discrepa y lo demuestra estaré encantado de darle la razón, pero sólo para recomendarme que lea la LSSICE no es necesario que dejeís un comentario, se trata de aportar contenido. Al igual que espero que Araiakoa se haga eco de esta rectificación allí donde procede

Pues ya hay sentencia de un juzgado condenando a la Frikipedia por el artículo acerca de la SGAE.

Por no reiterar lo dicho por toda la red, noticias suficientes y comentarios hay, si parece que una cosa llama la atención a varios de los comentaristas, la nula mención del juez a la “querida” LSSICE.

Pero esto está justificado, veamos porqué.

La Frikipedia es una web sin ánimo de lucro, en mi opinión, no tiene anunciantes ni publicidad. El anexo de la LSSICE, que recoge las definiciones de la normas, establece la necesidad de que el servicio suponga una actividad económica para el prestador. En este caso esto no se da.

Además se comenta que la Frikipedia realiza un servicio de intermediación y que le es aplicable el artículo 16 sobre la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación o de alojamiento de datos.

Pero en mi opinión la actividad de la Frikipedia no puede entenderse como un servicio de alojamiento de datos ya que este servicio consiste en albergar los datos proporcionados por el destinatario del servicio, pero pensando en términos de hosting, ya que de otra manera todas las páginas web prestarían este servicio.

Son servicios de intermediación, entre el autor o responsable y el destinatario, sin que deba equipararse una web colaborativa a un proveedor de hosting.

Por estas razones no es de aplicación la LSSICE al supuesto de la Frikipedia. No nos liemos…

La doctrina aplicada por el juzgador, según los fundamentos jurídicos, es la que se viene aplicando para los medios de comunicación, asunto sobre el que tengo preparado un artículo que aparecerá en breve en relación a las páginas web y a los blogs en concreto.

Si tuviesemos el texto íntegro podríamos ver, casi seguro, que se condena al responsable de
la Frikipedia en aplicación del artículo 30 del Código Penal, como responsable de la publicación y no como autor de los comentarios.

[EDITO: Como un "educado" comentarista me señala, la sentencia es del orden civil y por lo tanto no se aplica el Código Penal, lamento el error, motivado por no tener acceso al texto íntegro de la misma y al fiarme del contenido de algunas web. Sin embargo el fundamento de la responsabilidad subsidiaria es el mismo, por ejemplo el artículo 30 del CP se aplicó en el caso Mafius Blog]

Otra cosa es la pésima labor de relaciones públicas de la SGAE, que no tiene ningún sentido del humor, y que el juez no haya observado el contexto de la página web y de la propia dinámica de internet a la hora de interpretar los hechos, que no la norma.

Esperemos que en haya una segunda instancia y todo salga mejor, pero que a nadie le extrañe que no se cite a la LSSICE.